La pandemia por COVID-19 significó sin duda una paralización de la economía mundial. Muchos sectores debieron adaptarse a una nueva realidad marcada por el aislamiento, las restricciones en movilidad y un retroceso con respecto a las visiones sobre el crecimiento del PBI de cada país. El campo argentino no fue una excepción en este panorama. Pequeñas, medianas y grandes empresas agropecuarias acomodaron su accionar para no perder sus márgenes de producción, a la vez que se tomaron medidas de sostenimiento de ingresos para aquellos sectores más vulnerables.

En el plano de primeras necesidades, las distintas empresas que componen sus sectores, supieron tomar decisiones para hacer frente a una economía en tiempos de pandemia. A su vez, se registraron aumentos en los precios de muchos bienes, lo que terminó por desarrollar una serie de dificultades en materia de acceso a la alimentación y nutrición de la población.
En un panorama en donde detener la actividad fue sinónimo de frenar la exparsión del virus, se recurrió a una serie de medidas. Inicialmente los decretos emitidos durante la cuarentena, indicaban una suspencion de las actividades económicas y sociales. Solo aquellas empresas enfocadas en salud, servicios públicos, seguridad y actividades agropecuarias y de alimentación, podían continuar con su desarrollo, aplicando protocolos y lineamientos sanitarios
Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca; industrias de alimentación, supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad, transporte de mercaderías, entre otros; continuaron desarrollando su función. El objetivo de las medidas adoptadas fue mantener activa la producción de bienes agropecuarios y de alimentos, así como su procesamiento, distribución minorista y comercio exterior, indispensables para la alimentación de la población y para la generación de ingresos.

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